El Consejo de Ministros ha decidido impugnar la declaración
soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero. La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría ha afirmado que su “obligación
como Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes".
El Gobierno ha manifestado que la declaración
independentista es “incompatible con la Constitución” y ha aclarado que esta
medida se trata de "una impugnación, no un recurso de
inconstitucionalidad". Según el artículo 161 de la Constitución “el
Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La
impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida,
pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no
superior a cinco meses".
El presidente de la Generalitat, Artut Mas, ya había
declarado que, de producirse esta impugnación, se trataría de un “acto fuera de
lugar”. Además, Mas ha llamado al Gobierno a cambiar su opinión y dialogar
sobre la soberanía de Cataluña. Sáez de Santamaría ha respondido que "del
mismo modo que el Gobierno de España respeta los recursos de las autonomías,
Cataluña entienda que tenemos que seguir el mismo procedimiento".
Según la Abogacía del Estado, "reconocer la soberanía
del pueblo catalán, y su derecho a decidir sobre su futuro por ser sujeto
político, vulnera distintos artículos de la Constitución". Soraya Sáez de
Santamaría ha mostrado su deseo de que la Generalitat respete esta decisión del
Gobierno y ha afirmado que estas “son las reglas del juego”.
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